Y es que este pasado martes el gobierno ha sufrido un duro varapalo, después de que la mayoría de los diputados haya votado no a al decreto sobre el alquiler, pues ha contado con el sabido rechazo de PP, ciudadanos y ERC, y que también ha sufrido el rechazo de los socios del ejecutivo; PNV, PDeCAT, y Unidos Podemos.
El Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, publicado en el BOE el pasado 18 diciembre, ha tenido un corto recorrido, puesto que no ha conseguido la convalidación del Congreso para mantener su vigencia, por tanto todos los nuevos contratos que se firmen volverán a regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013.
Así pues los contratos que se firmaron desde el 19 de diciembre hasta la derogación de esta ley se regirán por las normas que modifico el ejecutivo (ya explicadas en este otro articulo), y por tanto los nuevos contratos volverán a regirse por la ley de 2013.
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